La Junta de Andalucía frena 32.000 nuevas viviendas en la provincia de Sevilla

Via: diariodesevilla.es

Apenas un año después de la aprobación y entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) –que veta los crecimientos urbanísticos que aumenten el suelo urbano y la población en más de un 40 y un 30 por ciento, respectivamente, en menos de ocho años– la aplicación de la norma comienza a arrojar datos significativos en la provincia.
Basándose en estos criterios, la Junta ha frenado ya la tramitación de más de 32.000 inmuebles propuestos por siete ayuntamientos, la mayoría del área metropolitana, en sus respectivos PGOU. Estos topes de crecimiento fueron aprobados en el Parlamento andaluz a iniciativa de IU y hechos suyos por el Gobierno de Manuel Chaves, que los incorporó en el decreto del POTA. Los colectivos conservacionistas los aplaudieron, pero fueron rechazados por muchos gobiernos locales y por los empresarios, que alertaron del parón que iban a provocar en la construcción, en el empleo y los ingresos municipales.
Si las viviendas que por el momento han sido rechazadas estuvieran juntas configurarían una ciudad mayor que Alcalá de Guadaíra y se convertirían en el tercer municipio  de Sevilla. Son la suma de las desechadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, de los PGOU de siete municipios: La Rinconada, Pruna, Villanueva del Ariscal, Valencina, Aznalcázar, Castilleja del Campo y Bormujos.
Los tres primeros  fueron aprobados de forma definitiva antes de las elecciones municipales. Pero, para ajustarse al POTA, la Junta obligó a los respectivos gobiernos locales (todos del PSOE) a redactar documentos complementarios en los que una parte sustancial de las viviendas que habían propuesto quedaron finalmente sobre suelos “no sectorizados”.
Esta calificación conlleva que las casas no se podrán hacer hasta que no esté construido todo lo demás (dentro de un plazo mínimo de ocho años) y con la autorización previa de la Junta de Andalucía, que puede volver a vetarlos.
El resto de casas que no se harán –al menos por ahora– se corresponden con los PGOU de Aznalcázar, Castilleja del Campo, Valencina y Bormujos, sobre los que también se ha pronunciado Obras Públicas, pero para rechazarlos de plano y exigir que se corrijan o vuelvan a hacerse dentro de los topes establecidos. Todos contemplaban crecimientos que iban multiplicar varias veces la población y, en algunos casos, núcleos diseminados, incompatibles con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua).
Incluso haciendo un cálculo de las viviendas que la Junta podría haber autorizado si se ajustasen al tope del 30 por ciento de la población, el recorte que se habría hecho en estos siete municipios sería igualmente muy significativo y superaría los 28.500 inmuebles.
El primer municipio en sufrir recortes fue La Rinconada, que tuvo que renunciar a las 1.500 viviendas de lujo desgajadas en la zona de Majaloba. Luego, la Junta le obligó a retirar un sector completo (826 viviendas) en San José. Además, fuera del PGOU han quedado como no sectorizadas las 4.500 viviendas del Pago de En Medio, aunque éstas serán reactivadas en breve por la Junta  como zona de Equipamiento de de Vivienda Protegida para ofertar a todo el área metropolitana. Para Pruna el recorte fue de 385 viviendas y para Villanueva del Ariscal de 357. Con la misma fórmula, la Junta forzó a que estos inmuebles fueran en suelo no sectorizado. Obras Públicas también se ha pronunciado oficialmente sobre los PGOU de Aznalcázar (8.590 viviendas), Valencina (8.000), Castilleja del Campo (840) y Bormujos (7.800, aproximadamente), que tendrán que volver a redactarse en la práctica, con toda la tramitación y plazos que ello conlleva, lo que supondrán, de hecho, una moratoria en el desarrollo urbanístico de estos pueblos, salvo que se articule alguna otra fórmula para satisfacer necesidades más urgentes de su población. La Junta ha apuntado en este sentido la posibilidad de modificaciones puntuales del PGOU para hacer VPO y está elaborando el mapa de áreas de oportunidad empresarial y equipamientos  de VPO del área metropolitana, en los que puede incluir también excepciones a estos topes de crecimiento.

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